Paz Rodríguez Niell
LA NACION
Caía la tarde cuando 15 agentes de la Policía Federal uniformados atravesaron en fila india la cortina metálica y entraron en la sede central de la Asociación Madres de Plaza de Plaza de Mayo con una orden de allanamiento.
El juez federal Norberto Oyarbide había dispuesto que fueran a la fundación, a la universidad y a la imprenta de las Madres, y que se llevaran todos los papeles vinculados a las contrataciones para construir viviendas con fondos públicos en los diferentes puntos del país. También, que hicieran una copia de todo lo que hubiera en las computadoras.
En total, los allanamientos fueron 12. Se realizaron, además de la de la sede de Hipólito Yrigoyen 1522 y en la universidad (que está al lado), en un garaje y en oficinas -todo en la misma cuadra-, y en inmuebles vinculados a Hugo Omar Gallardo, el abogado de la fundación que Bonafini eligió para reemplazar a Sergio Schoklender y que hoy también está sospechado de haber hecho negocios con dinero que administraba la institución (ver aparte).
La actitud del juez Oyarbide con las Madres de Plaza de Mayo cambió radicalmente. Primero les había dado un plazo de diez días (más largo que lo habitual en un caso que avanza a semejante velocidad) para que le entregaran la documentación sobre las obras bajo sospecha y ayer decidió ir a buscar todo con la fuerza pública. Dos funcionarios que trabajan en el caso relataron a La Nacion que el detonante fue el pobre resultado del allanamiento que había dispuesto Oyarbide anteyer, a pedido de Hebe de Bonafini, en un oficina que alquilaba la fundación pero que utilizaba Pablo Schoklender, según le explicó ella al juez. Bonafini le entregó con su pedido las llaves de ese inmueble.
"Encontramos muy poco, lo que nos habían dejado", relató una fuente de la investigación. Durante la mañana de ayer, Oyarbide hizo notar que estaba indignado y anunció que iba a disponer allanamientos, según contaron a La Nacion dos funcionarios de trabajan en el caso.
Ocho horas más tarde, la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc), al mando del comisario Néstor Roncaglia, entraba en el edificio de Hipólito Yrigoyen.
La policía ya había estado ahí el viernes 3 de este mes. Entonces, el juez les ordenó que dejaran una orden de presentación, sin plazo, para que las Madres le acercaran a Tribunales los documentos vinculados a las obras. La semana siguiente, ellas le pidieron a Oyarbide tiempo para una auditoría y fue entonces cuando él les dio los diez días de plazo.
Ayer, entre los inmuebles allanados estuvo, una vez más, el edificio de Hipólito Yrigoyen 1534 (el que Bonafini había sugerido revisar), pero ahora la policía no fue al tercer piso sino al primero, donde también habrían funcionado oficinas de Sergio y Pablo Schoklender.
La situación de la Fundación de las Madres no está definida aún en el expediente. La institución, representada por Bonafini, pidió ser tenida por querellante (es decir, como damnificada con derecho a ver la causa, pedir pruebas y apelar decisiones). En Tribunales relataron que todavía no están en condiciones de responderle. "Hay que tener más claro el panorama para eso", dijeron.
Mientras tanto, el fiscal Jorge Di Lello le pidió ayer temprano a Oyarbide que citara a las Madres a dar explicaciones: que les solicitara que informen cómo era el manejo de fondos y cómo funcionaba el plan de viviendas, y que las intimara a dar los nombres de la gente a la que despidieron de la Fundación durante las últimas semanas.
En simultáneo, el fiscal pidió que se allanaran "urgente" domicilios y empresas que estarían vinculadas al reemplazante de Schoklender. Sobre la base de esta presentación, el juez incluyó allanamientos en ocho inmuebles; entre ellos, los domicilios fiscales de Construcciones Calificadas, Constructoras 211 y Docamer, empresas ligadas a Gallardo.
El abogado de las Madres, Eduardo Barcesat, dijo ayer a la prensa que Bonafini había estado en la sede de la institución, que había recibido a la policía y entregado toda la información solicitada. Desde Tribunales confirmaron que no hubo inconvenientes durante los procedimientos y que la policía pudo llevarse todo lo que habían ido a buscar.
Según Barcesat, eso era "toda documentación vinculada a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender y a las 21 empresas relacionadas a ellos". Fuentes de la causa advierten que se llevaron muchas cosas más.
