La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con
las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los
derechos humanos
La senadora por Córdoba Norma Morandini escribió días
atrás en estas páginas que la causa de los derechos humanos no se puede
defender con mentiras. No se puede defender tampoco con nuevas
violaciones de derechos humanos como está ocurriendo en el país.
Un
día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias
de venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre.
Los
trágicos hechos de la década del setenta han sido tamizados por la
izquierda ideológicamente comprometida con los grupos terroristas que
asesinaron aquí con armas, bombas e integración celular de la que en
nada se diferencian quienes provocaron el viernes 13, en París, la
conmoción que sacudió al mundo. Aquella izquierda verbosa, de verdadera
configuración fascista antes y ahora, se apoderó desde comienzos del
gobierno de los Kirchner del aparato propagandístico oficial.
Se
ocultó así lo que ya no puede taparse por más tiempo a la compresión de
una sociedad cuya composición por edad ha ido cambiando en los últimos
cuarenta años. A la sociedad argentina de los años setenta no era
necesario explicarle que el aberrante terrorismo de Estado sucedió al
pánico social provocado por las matanzas indiscriminadas perpetradas por
grupos entrenados para una guerra sucia, a los que el kirchnerismo ha
distinguido con la absurda calificación de "juventud maravillosa".
La
sociedad dejó aislados a esos "jóvenes idealistas", mientras el
terrorismo de Estado los aplastaba con su poder de fuego, sin más
salvedades que las de algunas voces aisladas, sin más ley que la de la
eficacia de operaciones militares que tenían por objetivo aniquilar al
enemigo y sin una moral diferente, en el fondo, que la de los rebeldes a
quienes combatían.
Ha llegado la hora de poner las cosas en su
lugar. Debatir que quienes sembraron la anarquía en el país y
destruyeron vidas y bienes no pueden gozar por más tiempo de un
reconocimiento histórico cuya gestación se fundó en la necesidad
práctica de los Kirchner de contar en 2003 con alguna bandera de
contenido emocional. Lo hicieron así al asumir el poder con apenas el 22
por ciento de los votos. Antes habían mirado en esos asuntos para otro
lado.
Hay
dos cuestiones urgentes por resolver. Una es el vergonzoso padecimiento
de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de
delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se
hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. Son a estas alturas más de
trescientos los detenidos por algunas de aquellas razones que han muerto
en prisión, y esto constituye una verdadera vergüenza nacional.
Días
atrás, tal situación se ha agravado por una escandalosa decisión del
Tribunal Oral de La Plata, que revocó la prisión domiciliaria de varios
militares de avanzada edad, como los coroneles Carlos Saini y Oscar
Bardelli, el capitán de navío Carlos Robbio y el almirante Antonio
Vañek. Pareció una burla su coincidencia con el privilegio domiciliario
concedido por esos días, por un tribunal del Chaco, a un mafioso de 65
años, condenado a 19 años de prisión por haber traficado más de mil
kilos de cocaína a España.
En segundo lugar, de modo paralelo,
han continuado actos de persecución contra magistrados judiciales en
actividad o retiro. Uno ha sido el caso del juez federal de Mar del
Plata Pedro Hooft, absuelto el año último tras siete años de acusaciones
sobre supuestos delitos de lesa humanidad. El perverso armado de la
causa salió a la luz por grabaciones aportadas como prueba, pero Hooft
está afrontando nuevos ataques. También debimos ocuparnos recientemente
del proceso irregular montado contra el juez Néstor Montezanti, de Bahía
Blanca, en otro claro intento oficialista de desarticular la
investigación de causas que involucran a la familia presidencial.
Sin
más elementos que referencias mendaces aportadas por tres militares
condenados como autores de las matanzas producidas en la denominada
masacre de "Palomitas", se persiguió por más de diez años al ex juez
federal de Salta Ricardo Lona. Éste se encuentra en prisión preventiva
por supuestas fallas en la investigación de la muerte del ex gobernador
de Salta Miguel Ragone, ocurrida en marzo de 1976. Se desconoce, en
cambio, que el juez Lona había sido quien reunió las pruebas que
llevaron a condenar a los partícipes del hecho, según lo reconoció la
propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por otra parte, la
acusación en su contra carece de validez pues la acción no se encuentra
instada por los fiscales de la causa, sino por otros designados ad hoc
por la cuestionada Procuración General de la Nación, careciendo por ello
de atribuciones para impulsar la acción. Con casi 80 años y una grave
enfermedad, Lona corre peligro de que los fiscales lo envíen a prisión
solicitando la revisión del informe médico que desaconseja rotundamente
su traslado a una cárcel.
La cultura de la venganza ha sido
predicada en medios de difusión del Estado y en las escuelas habituadas a
seguir las pautas históricas nada confiables del kirchnerismo. O sea,
la mentira de la que ha hablado la senadora Morandini.
El
palabrerío de sujetos que han sido responsables de haber incendiado al
país en los años setenta convencidos de que las armas de fuego y los
explosivos, con sus secuelas de muerte y dolor, eran la vía de acceso a
una sociedad mejor, no puede intimidar a los políticos responsables, ni a
los jueces compenetrados de su misión, de actuar en consonancia con la
verdad histórica y los principios básicos del derecho penal.
Siempre
será indispensable construir a partir de la verdad completa, apaciguar y
no agotar la búsqueda de todos los medios necesarios para que se cumpla
la imploración del papa Francisco de que todas las herramientas de la
ley se activen "para evitar cualquier tipo de venganza y curar las
heridas", aunque "sin dejar de mirar las cicatrices", como bien aportó.
