Por Mariano De Vedia
Sergio Alejandro Renó, que tenía cuatro años cuando su padre, el policía Emilio Renó, fue acribillado por militantes montoneros en julio de 1976, percibe en carne propia la indiferencia del Estado hacia las víctimas de organizaciones guerrilleras y la desigualdad respecto de los damnificados por la represión ilegal.
Renó está casado desde 1997 con Carolina Chamorro, hija de un albañil desaparecido en octubre de 1976. Ella cobró una indemnización y recibió todos los derechos, honores y reconocimientos, incluida la inscripción del nombre de su padre en el Parque de la Memoria. El, en cambio, acumula reclamos administrativos y judiciales, sin resultado alguno.
El caso argentino fue expuesto ayer en la presentación del VII Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, que reúne hasta pasado mañana en París a unos 300 damnificados por ataques extremistas perpetrados en Francia, Gran Bretaña, España, Estados Unidos, Chile, Colombia e Israel, entre unos 35 países.
La Argentina está representada por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que preside Victoria Villarruel e intenta defender los derechos de víctimas de acciones terroristas que nunca fueron reconocidas.
Renó, de 39 años, compartió un panel con la esposa y el hermano de víctimas del atentado a las Torres Gemelas, el padre de un joven que murió en el ataque a Londres de 2005 y familiares de ciudadanos franceses muertos en Africa, entre otros afectados. "Mi padre era policía bonaerense, pero estaba de civil, atendiendo un puesto de diarios, cuando fue acribillado a mansalva en San Justo", relató a LA NACION, vía telefónica desde París.
Explicó que su esposa, que lo apoya en su reclamo, cobró en 1999 una indemnización de $ 240.000 (en bonos), cuando un peso equivalía a un dólar, y él espera desde hace más de 30 años que "el Estado se acuerde de nosotros y nos incluya en las políticas de derechos humanos".
Su historia, dijo, es sólo una de las que padecen miles de víctimas del terrorismo en la Argentina. "El Estado argentino nos niega sistemáticamente nuestros derechos y nos discrimina. A los desaparecidos y sus familias les dio el pleno goce de sus derechos; a nosotros, no nos otorga ninguno", reclamó. Y, con voz quebrada, lamentó: "Nuestros padres fueron víctimas. Pero uno es reconocido y el otro discriminado. Con esa realidad injusta conviven nuestros tres hijos".
Fuente
