Comienzan a aparecer algunos datos que echan un manto de dudas sobre la teoría oficial de que Hebe de Bonafini fue una víctima inocente de los hermanos Schoklender.
Ayer, el juez Norberto Oyarbide pasó una mala mañana. Estaba muy enojado. Sintió que las Madres de Plaza de Mayo o, por lo menos, alguien cercano a esa agrupación, lo había engañado y, por eso, al mediodía, decidió allanar todos los domicilios vinculados con las Madres, lo que se concretó horas después.
El día anterior, el magistrado, siguiendo la teoría oficial que pregona la inocencia de la Fundación Madres, aceptó un pedido de Hebe de Bonafini y realizó un allanamiento en una oficina de Hipólito Yrigoyen al 1500. Sin embargo, cuando la policía llegó al lugar, advirtió que el escenario había sido cuidadosamente preparado y alguna mano negra había arrancado muchas fojas de los libros contables y legajos.
Oyarbide había cometido un error cuando, el 3 de junio, en lugar de allanar la fundación y secuestrar los libros contables, permitió que las Madres llevasen esos documentos al tribunal. Pero la entidad, en lugar de cumplir, denunció que le habían robado esos documentos y, además, indujo al juez a hacer un allanamiento inapropiado. Oyarbide reaccionó.
Días atrás se conoció otro dato que no puede dejar de sorprender: luego de que Hebe de Bonafini decidió renovar la conducción de Sueños Compartidos, nombró a su hija y a Hugo Gallardo al frente de la administración. Fue una lavada de cara, porque en pocos días el periodismo descubrió que Gallardo tenía vínculos societarios muy estrechos con Schoklender.
Hay un tercer dato que siembre más dudas: días atrás, como parte de la investigación de lavado de dinero que impulsa el fiscal antilavado Raúl Pleé, se encontró que en el barrio cerrado Las Lonjas, en Pilar, 10 de los 17 lotes pertenecen a Sergio Schoklender, a su ex mujer o a sus socios, entre los que hay uno de apellido De Falco.
Este hombre sería el mismo que, luego de la purga que hizo Bonafini de la gente de Schoklender, fue nombrado director técnico del proyecto de las Madres. Por otro lado, un familiar de esa persona estaría vinculado con una financiera usada por Schoklender para cobrar cheques o pagar un barco. ¿Es De Falco otro Gallardo y otro Schoklender?
Quizá todo se limite a simples coincidencias, fácilmente justificables. Pero lo cierto es que merecería una explicación de Hebe de Bonafini, presidenta de la entidad, y de otros responsables. Por eso, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió interrogar a Hebe de Bonafini y no le aclaró a Oyarbide si debe hacerlo como imputada o testigo.
Ahora, la Auditoría General de la Nación (AGN) auditará la ruta de los 765 millones de pesos que el Gobierno reveló haber entregado a la Fundación Madres para financiar las construcciones. Así, serán tres las pesquisas: la de Oyarbide, con el auxilio de Pleé y Di Lello; la del juez Martínez de Giorgi, que investiga a los funcionarios públicos que hicieron los pagos, y la de la AGN, que es independiente de la Justicia. Si esas pesquisas no llegasen al mismo resultado, estaríamos en las puertas de otro escándalo.
