"Familiares de militares asesinados"
Un grupo de familiares de militares asesinados por la subversión han tomado la iniciativa -tan sensata como postergada- de reclamar la misma indemnización que tienen fijada por ley los ascendientes y/o descendientes de sus victimarios. Para lo cual iniciaron, como corresponde, las tramitaciones administrativas del caso, esto es que debieron acudir a la Secretaría de Derechos Humanos a cuyo frente se encuentra la vestal de la materia la doctora Conti, mujer comprometida -pública y privadamente- con los derechos humanos... de los terroristas.
Sin duda sorprendida por tan desagradable pretensión - que imprime al cómodo y unilateral manejo de tales derechos que se venía realizando hasta ahora, un giro inesperado pero, en definitiva, jurídicamente lógico - atinó a decir que iba a formular un dictamen negativo porque (¡al fin lo reconoció!) semejantes prebendas eran sólo para las supuestas víctimas del supuesto terrorismo de Estado.-
En rigor no le falta cierta razón si nos atenemos a la intención del legislador y a la voluntad más o menos implícita de la ley (en otras palabras, a las circunstancias ideológicas que acompañaron e inspiraron a la aprobación de tan aberrante norma). Porque, en efecto, esta ley está pensada en obvio beneficio de aquellos muchachos (o no tanto) que, en su momento tomaron las armas contra la sociedad con el declarado propósito de reformarla aun contrariando y forzando los propios deseos de ésta.
Resultaba claro el propósito de sus autores de excluir a los demás caídos en el transcurso de la Guerra Revolucionaria, tan claro como implícito al punto que no consideraron entonces en su redacción la necesidad de afirmarlo con una mayor explicitud. Tampoco conveniente.
Los dineros del Estado agredido estarían destinados de un modo exclusivo a los parientes de sus agresores y nunca a las de sus defensores. Pues bien, he aquí que un conjunto de fastidiosos huérfanos y molestas viudas castrenses vienen a enturbiar con su imaginación el justiciero y tranquilo clima de distribución de la correspondiente partida del desvencijado tesoro nacional; partida que al final de la exacción se habrá desangrado en 4.000 millones de pesos (o de dólares, si avanza el plan de cambio de moneda). ¿Alcanzará para todos? Por las dudas la Secretaria se opone, según adelantó un tanto nerviosamente.-
Es que con astuta pero no completa previsión, como se ve, la ley incluye entre sus beneficiarios a las "víctimas" del terrorismo de Estado y de otras fuerzas "paramilitares". La picardía era patente: que no quedaran fuera los que cayeron en las redadas de la Triple A, de intensa actividad durante el gobierno de Isabel Perón y que se habría cobrado, según cálculos serios, no menos de 900 desaparecidos.
Pero, como suele decirse, la oración se les volvió por pasiva y ahora resulta que esa ampliación de los sujetos de la represión (por cuyo accionar el Estado debe pagar) puede comprender a los asesinos seriales y sistemáticos conocidos como montoneros y erpianos, cuyas víctimas podrían, entonces y a la luz de esta nueva interpretación, quedar contempladas en los generosos dispendios de la ley. Porque si de "paramilitares" se habla nadie más caracterizado que esos jóvenes que gustaban adoptar la jerarquía militar, atribuirse grados, dar y recibir órdenes, aplicarse sanciones y, en general, adoptar un estilo militar del que decían aborrecer y al que decían combatir. Había algo de simiesco en ellos que si ayer los mantenía contentos y hasta orgullosos, hoy, posiblemente, los obligue a compartir las jugosas compensaciones arrancadas al Estado.-
Se trata de dar con jueces serenos, resistentes a todo tipo de presiones, desde la física hasta la política e ideológica - en especial la más fuerte y descarada, la que provendrá de los medios de comunicación - y dispuestos a aplicar la norma con un sentido de equidad, es decir de justicia concreta y sin mirar a derecha ni a izquierda.-
A medida que pasa el tiempo, los espacios para el macaneo, la irresponsabilidad, la imaginación suelta, se achican; tantas leyendas negras y tantas versiones rosas, tanto maniqueísmo barato y fácil se vuelven insoportables y, aunque parezca mentira, inservibles.
Es como un comienzo de oxigenación para una sociedad harta de discursos únicos y de excomuniones y marginaciones impuestas por un poder desde las sombras.-
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"OTRA FARSA JUDICIAL"
Ya habíamos advertido en otro número que el Coti Nosiglia, cuyo instrumento en el gobierno de la Alianza es el ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, se proponía rescatar a sus antiguos subordinados que el 23 de enero de 1989 intentaron ocupar el regimiento de La Tablada y que, derrotados, fueran condenados a diversas penas. No se trataba de delitos menores, entre otros 39 homicidios y más de 50 heridos sin contar algunas figuras más como el de portación de armas de guerra, daños, amenaza pública y un largo etcétera. Es curioso que su jefe visible, inspirador e ideólogo, el fraile Puijané, disfrute en la actualidad de una libertad que sus seguidores no tienen: tiquismiquis de un Poder Judicial cada vez más politizado y flexible.-
Ahora es el abogado de esos terroristas - castigados en un juicio público con todas las garantías - el que, devenido diputado, vuelve a la carga persiguiendo mediante un proyecto de ley la modificación de la sentencia que perjudicó a sus clientes y correligionarios.
Figúrese el lector qué sería del país de prosperar tácticas semejantes: un abogado perdidoso en los tribunales, casi por azar se recibe de legislador y obtiene la modificación del fallo que lo disgusta mediante una ley de su autoría. No sólo se habría extinguido la división de poderes -que aun, a pesar de todo, subsiste aunque sea a los tropezones- sino, lisa y llanamente, la seguridad jurídica; ello sin contar con que el principio de igualdad ante la ley, hecho trizas, no sería más que papel mojado. Y todos quedaríamos sujetos a la influencia y cuota de poder con que contáramos en cada caso.-
Tampoco es casualidad ni de extrañar que Raul Alfonsín apoye por detrás la iniciativa de Torres Molina (fracasado abogado e ingenioso legisferante ) puesto que fue el ex presidente quien en su momento apareció comprometido en la asonada en un episodio que nadie investigó en realidad en todos sus aspectos, motivaciones e implicancias, a pesar de la vocación de pesquisantes que tantos periodistas han sacado a relucir para casos menos significativos.-
Como algunos juristas han indicado, se trata de un indulto encubierto sin mayor sustento legal ni jurídico. El razonamiento en que se fundamenta la pretensión, apenas formulado no resiste el análisis.
Se dice que la resolución de la Cámara Federal de San Martín - condenando a 13 terroristas a prisión perpetua, uno a 20 años y los demás a penas inferiores - no respetó el principio de la doble instancia fijado en el Pacto de San José de Costa Rica, suscripto oportunamente por la Argentina.
Falso. La Corte Suprema, por vía extraordinaria, intervino confirmando la sentencia; años después volvió a hacerlo cuando rechazó una solicitud de la nada confiable Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicitó que EN LO SUCESIVO se adoptaran disposiciones para respetar el derecho de apelación; con criterio aceptable la Comisión propone legislar, como es de ordinario, para el futuro.
De cualquier manera, el alto tribunal volvió a rechazar otra presentación del mismo organismo reclamando una reparación a las víctimas (¡) por el daño (¿) sufrido. Si bien esta mezcla de delincuentes, cómplices, ideólogos y jueces nos tienen acostumbrados a tales juegos malabares - indignos, por cierto, de la ciencia del derecho que tantos sacrificios y siglos costó a Occidente levantar para que vengan los diversos Garzones a aventarlos de un soplido - esta vez parecen haber llegado demasiado lejos en sus piruetas y elucubraciones.
Ha habido, si es eso lo que verdaderamente les preocupa, doble instancia y sus defendidos han gozado, como correspondía, de las debidas garantías en juicio; de las mismas garantías que ellos les negaron a sus víctimas caídas entre sus garras. Y de la que se proscribieron a sí mismos en 1973 - enloquecidos por alcanzar rapidamente su libertad en cualquier condición para volver a delinquir, como lo hicieron sin tardanza - al eliminar el tribunal creado a efectos de juzgarlo como se debía, con la ley y por jueces ordinarios designados antes del hecho.
Los Torres Molina de entonces - casi unanimidad en ambas Cámaras - les otorgaron el perdón y disolvieron el órgano que les aseguraba sentencias justas. Y persiguieron a sus miembros. El terrorismo se reinició hasta la demencia.-
Ahora vuelven por otra senda; siempre con la mano crispada de la víctima y el rostro ajado del perseguido pero siempre también prestos para pasar al ataque y erosionar el orden jurídico desde cualquier posición, como ministros, legisladores, jueces o, más directamente, como vulgares terroristas.
Todos ellos, alternativa o sucesivamente, se pondrán el disfraz de víctimas y de perseguidos ... hasta que puedan recuperar las armas. En este retorno se intenta la maniobra completa: el diputado, la Secretaria de Derechos Humanos, una nueva comisión de la CIDH que acaba de llegar al país, la clase política dispuesta... todo para ejercer la presión mediática e institucional más intolerable como si se tratase y verdaderamente de un caso de justicia.-
Una última reflexión. La Nación pone en boca de la ministra de Acción Social Graciela Fernández Meijide esta frase con referencia a un supuesto proyecto del entonces presidente Menem de indultar a los cabecillas del alzamiento de diciembre del 90": si con tal de ser reelegido se lleva por delante la Constitución ¿porqué le va a importar indultar a quienes quisieron atropellar a la democracia?".
Cabe la pregunta: la destacada dirigente izquierdista se refería al coronel Seineldín o a los jóvenes que intentaron copar el Regimiento 3 de Infantería? Porque ¿cuándo la señora considera que se ha atropellado a la democracia (o, más amplia y exactamente, a la república)? Sería de sumo interés para la descreída opinión pública que lo aclarara aunque haya pasado el tiempo.-
Como se ve, las izquierdas de dentro, fuera, cerca o lejos del poder en todo momento tienden a coincidir, a buscarse, a aliarse, como a impulso de un movimiento empático natural. Todo, desde el foro hasta la legislatura, lo ponen al servicio de sus ideales ... y de sus métodos. Cambian las excusas pero no el discurso de fondo.
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"LA JOVEN CRUZADA"
Una joven de apenas 22 años ha dado - está dando - con su silencio, con su negativa y su resistencia una prueba de integridad moral y, también, de claridad mental frente a los poderes del mundo, poderes encarnados en las Abuelas de Plaza de Mayo y representada por otra jueza de ésas que nosotros procuramos olvidar y la historia hundir (o en todo caso mantener en la memoria colectiva como ejemplo de lo que un magistrado judicial no debe ser ni hacer).
Natalia Alonso se llama esta niña que, rechazando las amenazas y las tentaciones de una y otra cabeza de la misma hidra, se ha negado a someterse al análisis de ADN lo que permitiría comprobar su filiación de sangre. El caso es conocido aunque ocultado o disimulado con cierto pudor por los grandes diarios que prefieren pasar al olvido los abusos aberrantes e insólitos a que esta casi heroica mujer (por lo menos, muy sufrida) fue sometida hasta llegar al cruel e innecesario exceso de su detención en forma pública a la salida de la Universidad de La Plata donde cursa estudios.-
Todo fue - es - como una locura, una escena de estólido espanto que, tocando el límite de la cordura, parece haber escapado al control de la propia jueza que, no se sabe movida porqué sentimiento ni por cual influencia, se dispuso a tomar como rehén a Natalia y colocarla a disposición de ... la señora de Carlotto, expresión contemporánea de una Pléyade de la mitología griega de reconocida e impetuosa vocación por la cacería (éste es, sin duda, el rasgo más saliente del humanismo de las Abuelas que persiguen con denuedo a cuanto cachorro de pocos años se les ocurra pueda ser su nieto).
Es pertinente recordar la perspicaz sabiduría británica (no siempre puesta en aplicación, es cierto) que descubrió que un juez debe ser ante todo un caballero (o una dama) y, si sabe derecho, mejor.-
La mencionada Abuela, por su parte, ya con la niña entre sus manos empezó a intervenir despiadadamente en el corazón de la víctima para arrancarle su consentimiento: le pidió que se prestara para demostrar que sus padres eran un par de delincuentes secuestradores de chicos y falsificadores de documentos públicos.
La Abuela no se puso límites ni los toleró, la razón, según cree, está de su lado y le permite cualquier exceso; quiere probarlo al precio que sea, aun al de una vida humana como en el caso. No le importó con tal de satisfacer una hipótesis de trabajo o producir una renta mediática, maltratar o arruinar a un ser joven, pletórico de esperanzas y rodeado - es de suponerlo por la energía y convicción con que Natalia defendió a su familia y a su hogar - de seguridad; empujó a la muchacha, o la puso en grave riesgo, al borde del trauma más profundo que pueda afectar a una persona de cualquier edad, el de su identidad cultural y biológica.
Su extraño y feroz sentido de la justicia evidentemente no la habilita para congeniar la venganza con la consideración ni el odio con el respeto y se creyó autorizada para intentar las últimas consecuencias.-
Pero contó con la complicidad y la actividad de jueces que, en una actitud abiertamente totalitaria (con el poder que da el Estado puesto al servicio de los Derechos Humanos y de sus respectivas ONG) ingresaron en la intimidad de una persona destrozando ese ámbito de auténtica libertad y, por supuesto, lo volverán a hacer en cuanto pueda si es que no reaccionamos a tiempo frente a tanta demencia, desapercibida inexplicablemente para obispos como Laguna que aplauden o por lo menos silencian tanto y tan repugnante atropello y que no se conmueven por el dolor auténtico.-
El proceso es tétrico: una activista de izquierda consigue que su enfermiza obsesión se transforme en un imperativo judicial y lleva a la cárcel al más inocente de los personajes del drama montado por ella misma.
Es preciso aquí guardar silencio: estamos ante un abismo de perversidad. Se trata de un hecho que bien podrá ilustrar la historia del terrorismo secuencial o bien pasar como un episodio para estudiar por la psicopatología de los archivos policiales.-
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