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martes, 13 de octubre de 2009

"OTROSÍ" NRO. 10 - Abril de 1999 "LA INSEGURIDAD COMO FACTOR POLITICO"

"OTROSÍ" NRO. 10 - Abril de 1999

"LA INSEGURIDAD COMO FACTOR POLITICO"

Entre los efectos sociales y políticos que produjo la subversión desde los finales de los años 60 y durante la década siguiente y la actual ola delictiva que asola a la sociedad argentina, existe una no tan sutil semejanza. También una relación que explica porqué quienes militan dentro de la izquierda ponen reparos a la adopción de medidas correctivas y defienden aquéllas que cercenaron la capacidad operativa de las policías.-

Después del asesinato de Aramburu las "operaciones" guerrilleras crecieron verticalmente. Hasta la asunción de Cámpora a la presidencia de la república se habían cometido casi 3.000 atentados sin contar las armas robadas que llegaba a las 4.000, se habían robado más de 120 millones de pesos de ese entonces, alrededor de 20.000 explosivos y se contabilizaron más de 3.000 acciones conexas a la violencia de esa época. Después de Cámpora el panorama se agravó y hasta los inicios de la década del 80 quedaron registrados alrededor de 25.000 sucesos en general.

No entraremos a recordarlos porque ese no es el objeto de nuestro artículo que apunta a señalar el paralelismo que existe entre aquella situación y la de estos días, situación que nos permite sostener que EL DELITO COMUN QUE AHORA PADECEMOS INCIDE EN NUESTRAS VIDAS TANTO COMO LO HIZO LA SUBVERSION EN EL PASADO. Las costumbres variaron adecuándose a la inseguridad, la gente se cuida y recluye en sus casas, se arma y reclama la restitución del orden, normas para aplicarlo e instrumentos para que las fuerzas que lo representan en esta instancia puedan actuar con el respaldo de la justicia.-

La represión del narcotráfico cayó también verticalmente. En Buenos Aires el ministro Arslanian trata de cubrir su inoperancia -y su inherente irresponsabilidad- por haber impulsado el fenómeno con cifras y estadísticas en las que nadie cree, en tanto la preocupación sube de a dos los escalones de la protesta pública y alcanza el peligroso nivel de la indignación.-

Misteriosamente Duhalde acepta todavía cargar con el acoso político de este verdadero escándalo moral y político en tanto otras cifras alimentan con su elocuencia ese paralelismo del que hablábamos al comienzo: sumados en la Capital Federal y en el conourbano los delitos se incrementaron en dos dígitos en relación con el año pasado pero más grave es que alrededor del 54% de los delincuentes son menores de edad y que sus motivaciones principales pasan por la permisividad de las leyes, la deserción escolar y la incitación de las drogas.

Como se recordará, meses atrás la mayoría de los legisladores - es decir de políticos elegidos para hacer leyes - se opuso a disminuir la imputabilidad legal. Las consecuencias están a la vista y serán trágicas mientras los políticos persisten en jugar dialécticamente con el problema. Pero seamos sinceros, no son los únicos culpables, excepto cuando mezclan su ignorancia con el resentimiento y abren sus oídos a consejos peligrosos.

Por ejemplo: Rosa Castagnola o Graciela Fernández Meijide -como se prefiera llamarla- recibe el asesoramiento de un "experto" internacional en materia de seguridad llamado Alberto Binder de quien se dice que está vinculado con la "Organización Diálogo Interamericano" que promueve el entendimiento con las guerrillas y la liberación de la droga.

Por eso no llama la atención que se insista en que Binder haya sido abogado del grupo irregular brasileño denominado "Los sin Tierra" y que mantenga vinculaciones con esa especie de coordinadora de la ultraizquierda continental llamada "Foro de San Pablo". Binder junto con el mencionado Arslanian, el radical Ricardo Gil Lavedra, el frepasista Juan P. Cafiero y el abogado Eugenio Raúl Zaffaroni constituyen el corazón de un equipo de trabajo dispuesto a hacer con las policías lo mismo que iniciaron contra los institutos militares.

Para ello se inventó el "Plan de Acción Inmediata" destinado a reducir a la mínima expresión a la policía de Buenos Aires pero también a las restantes fuerzas provinciales. Zaffaroni fue claro: hay que "desmilitarizarlas" dijo y agregó que "hay que eliminar la obediencia ciega y estúpida que hay dentro del cuerpo policial ... "

Este apretado análisis justifica la aceleración de la inquietud con que se observa lo que sucede en medio de los aplausos de una organización extranjera llamada "Transparency International" y de su rentado representante, el conocido Luis Moreno Ocampo cuya actividad hay que seguir con detenimiento.-

Para concluir, acotaremos que Binder en su carácter de Director de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP) y de Coordinador de la Red Latinoamericana para la Democratización de la Justicia, también brindó sus servicios para reformas judiciales y de seguridad a países como Guatemala, el Salvador, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Honduras y Costa Rica donde el incremento de los escándalos, del consumo de la droga y de los delitos se mantiene como una constante aun después de su intervención, lo que se quiere disimular.-

Carlos Manuel Acuña

"Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados Don Alberto Pierri.
S./D."

Me dirijo a Vd - en ejercicio del derecho reconocido en el art. 39 de la Constitución Nacional - y por su intermedio a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación - solicitando que se pronuncie de un modo categórico condenando la actitud de varios jueces europeos que violan principios fundacionales, básicos y característicos del derecho occidental, aceptados y aplicados por unanimidad durante décadas algunos y por siglos otros, en los países civilizados.

Me refiero, por supuesto, a comportamientos como los del juez español Baltasar Garzón - a los que no tardaron sugestivamente en sumarse magistrados franceses, italianos - que pretenden juzgar a personas acusadas de delitos de máxima gravedad (genocidio, torturas, abuso de autoridad) que, de haber sido cometidos lo habrían sido en nuestro país. La lista puede continuar según la imaginación y desaprensión de los denunciantes.

No es mi intención entrar en la consideración de los casos particulares porque no es ésta la oportunidad ni es este el ámbito competente para hacerlo. La preocupación - o, por mejor decir, la alarma - que mee mueve a efectuar esta presentación obedece a la aparición y desarrollo de un nuevo derecho al margen - e incluso en contradicción - de las convenciones internacionales, del derecho local y de las costumbres pacíficamente aceptadas hasta ahora, todo ello con profundísima lesión al principio de la soberanía nacional.

Se está creando, ante la vista de todo el mundo y la inspiración y complacencia de muchos grupos comprometidos ideológicamente, un nuevo "ius gentium" virtualmente sin el consentimiento de los Estados nacionales. Para ello se recurre al hecho consumado y, en especial a un descarado operativo mediático que plantea las cosas de tal modo que no deja lugar al disenso, ni por otra parte lo admite.

Es un avance total y unilateral sobre la opinión pública mundial que se refuerza con el otro elemento señalado, el del hecho consumado sin ocasión para la réplica. Se está creando una justicia supranacional sin que nadie parezca advertirlo; por supuesto una justicia para aplicar a los pequeños y medianos países que quedarán envueltos en las redes de un derecho incierto y de interpretaciones maliciosas. Las grandes potencias - cualquiera sean sus comportamientos y abusos - margen de la potestad de estos catones de nuevo cuño.

Mediante estas argucias el nuevo derecho se va imponiendo progresivamente ante la pasividad de los poderes políticos, la tolerancia (o aprobación) de los centros académico y la indiferencia de la opinión pública, previa y adecuadamente anestesiada. Ya nadie se siente obligado ni facultado para oponerse ni criticar este proceso que presupone e implica mucho más que una hermenéutica arbitraria y desmesurada de algunos textos legales. Porque se está - ni más ni menos - que ante la destrucción de una rica normativa que requirió mucha sangre y muchos esfuerzos a los pueblos que llamamos occidentales.

Y si pongo énfasis en esta procedencia es porque el resto de las culturas contemporáneas arrastran un déficit jurídico y moral que nuestros países han conseguido superar merced a su tradición grecorromana y cristiana que, sin embargo, ahora amenaza quebrarse. Esta diferencia es lo que ha asegurado - a pesar de dolorosas e innegables excepciones en especial en este siglo XX - la imposición y respeto de los hoy llamados "derechos humanos" , que, por cierto, no son de reciente data sino que, por lo contrario, se remontan a los orígenes de ésta, nuestra civilización.

Pues bien, es mi convicción - y, fuera de toda duda, la de un amplio segmento de la sociedad argentina al que se acalla y desconoce - que tal como se está desenvolviendo el señalado proceso (que, denominaría de "globalización judicial"), se encuentran en peligro no solo la intangibilidad del derecho sino la continuidad de las soberanías nacionales.

No es posible admitir en silencio - un silencio en definitiva cómplice - estos avances de magistrados que carecen - y ellos lo saben - de competencia para juzgar hechos cometidos en jurisdicción ajena por personas sospechadas que no caen en su órbita de conocimiento; sin contar que la nacionalidad de las supuestas víctimas - el otro argumento habitualmente invocaado para sostener la competencia de los jueces protagonistas de la maniobra que describimos- tampoco legaliza sus actuaciones.-

Jueces como Garzón y sus seguidores del viejo continente violentan, destruyen, humillan la soberanía argentina en cuanto hacen a un lado el derecho nacional y las decisiones de sus poderes constitucionales, puesto que el Congreso se ha pronunciado dictando leyes de amnistía y el judicial dictado sentencias condenando o absolviendo a acusados de violación de derechos humanos. Todo este andamiaje legal y jurisprudencial - andamiaje levantado, precisamente en función de los poderes soberanos de la Nación- es sistemáticamente ignorado por pronunciamientos como de los que me agravio en esta presentación.

Resulta, entonces, indispensable y urgente una declaración de ese cuerpo en el sentido de rechazar con energía y claridad estas maniobras llevadas a cabo en desdoro y restricción de la soberanía argentina, puesto que burlan la voluntad expresa del Estado argentino manifestada por sus tres poderes.

Dejo constancia que he preferido reducir el planteo al aspecto jurídico de la cuestión sin entrar al propiamente político - lo que también sería legítimo y pertinente - para no complicar lo aquí solicitado porque estoy cierto que a ningún legislador - representante por definición del puebllo, de sus intereses y derechos - le ha de ser indiferente el tratamiento antojadizo, ilegal y antijurídico con que jueces como Garzón hacen befa de nuestra condición de país soberano en aptitud de aplicar sus propias normas legislativas y adoptar sus propias decisiones judiciales.

Nuestro país no necesita que ningún extranjero - que ciertamente carece de todo prestigio intelectual y moral en su propio país, como es el caso de Garzón, ganado como está por compromisos fuertemente ideológicos que, evidentemente, coloca por encima de su sentido de justicia y de equidad - venga a rever los actos dictados en su condición indeclinable de soberano.
Y por esto es que considero que el organismo que Vd. preside debe pronunciarse en el sentido indicado; de alguna manera el Poder Ejecutivo ya lo ha hecho cada vez que rechazó las pretensiones de Baltasar Garzón desconociéndole competencia para juzgar hechos cometidos en nuestro territorio.

Se trata, pues, de una cuestión tanto política como jurídica, pero, en todo caso, de la más severa importancia y de la mayor trascendencia.

A mayor abundamiento quiero destacar que un pronunciamiento de esa Cámara sobre tan delicado asunto no solo se justifica justifica sino que urge ante el asombroso silencio de otras entidades que deberían haberlo hecho, como la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, la Academia de Derecho, los diversos Colegios de Abogados del país y la Federación que los reúne. Todos ellos - si es que están dispuestos a cumplir con sus obligaciones de custodios del derecho que de alguna manera les incumbe - deben decir algo sobre semejante problema que, como todos comprenden, golpea en las raíces mismas de nuestra organización institucional y de nuestra existencia como país soberano.

Saludo a Vd. con mi mejor consideración y quedo a la espera de su respuesta.

Fdo.: Víctor Eduardo Ordoñez

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