"EL GOBIERNO CONTRA EL PAÍS" - Caso Oliveras
Ya impreso el número 21 de esta publicación se produjo el episodio de la detención en Europa del mayor Jorge Olivera a solicitud de un juez francés, acusado de torturas y desaparición de una joven de esa nacionalidad (lo que para la ley argentina no es cierto) durante los años de la represión.
No queremos estar ausentes desde que se tomó noticia, no obstante carecer de los pormenores del hecho, pero no es aventurado tomar posición ante el caso por tratarse - más allá de alguna particularidad que no hace al fondo - de un calco de lo ocurrido con el general Pinochet y con basamento en las pretensiones similares de otros magistrados europeos que también se muestran ansiosos, como perros de presa o como aves de rapiña, de enjuiciar y sin duda condenar contra todo derecho a los militares latinoamericanos (jamás a un norteamericano ni un británico, sencillamente no se atreverían) que combatieron con éxito a la Subversión terrorista de los 70 y 80.-
Desde el punto de vista jurídico la ansiedad de estos jueces no tiene asidero (sí, por supuesto, desde el punto de vista ideológico) excepto forzando los textos y llenando los vacíos con imaginación y mala fe.
Porque el tratado que se invoca - obligatorio para los que lo suscribierron, para nuestro país sólo a partir de 1984 - expresamente dispone su irretroactividad de modo que no puede ser aplicado a delitos (presuntos en la inmensa mayoría o de harto dificultosa prueba) anteriores a su entrada en vigencia.
Esto sin contar que la extensión de la jurisdicción de un tribunal ha de ser considerada siempre como una excepción a un principio general, central todavía en los ordenamientos jurídicos vigentes mientras no se acepten plenamente las consecuencias del otro principio que se ha venido dibujando –con los caracteres de un monstruo apocalíptico- conocido como "globalización". De ser así, el comienzo de la extinción de las naciones sería un proceso que ya está en marcha y en avanzado estado de concreción.
Aquí tocamos el nervio central de nuestra reflexión sobre el caso Olivera: ¿qué piensa hacer real y lealmente el gobierno de la Alianza? En este aspecto, así como en muchos otros, no se puede ser optimista.-
Como quiera que sea el caso en cuestión se ha convertido en una verdadera prueba de fuego para el actual gobierno desde un doble punto de vista:
· El primero es acreditar el grado de voluntad política y de vergüenza nacional que lo alimenta frente a conflictos surgidos de la prepotencia de jueces farisaicos como según parece, pueblan al viejo continente sometido a una ola de socialdemocracia asfixiante y totalitaria, con aliados y agentes en la Argentina.
· El segundo se refiere a la capacidad de resolver las contradicciones y oposiciones que atoran y atascan a la izquierda en el poder.
Como se sabe hay varias izquierdas en el país y en el gobierno que alternativamente se enfrentan, se complementan y se continúan; son grados, niveles, matices, también celos y resquemores personales, tácticas, conductas "prudenciales", incluso cálculos de tiempo oportuno (hoy le corresponde a uno ser intransigente y a otro flexible, mañana a aquel comportarse con dureza y abiertamente y a este otro como un moderado, etc.).
Así, la izquierda de dentro y fuera del poder - incluso la que se proclama opositora radicalizada, como la nucleada en Le Monde Diplomatique, coqueta y gramsciana - actúa (y sobreactua) cumpliendo más o menos coordinadamente roles previamente asignados. No todo funciona como un mecanismo de precisión y es por eso que a veces se producen desencuentros (caso Alvarez e Ibarra) y desinteligencias.
Lo que a estos efectos interesa es señalar que a un gobierno netamente de izquierda le resulta difícil mantener la coherencia en circunstancias determinadas, cuando el discurso de ayer se topa con la realidad de hoy ¿Quiere, pues, el gobierno de la Alianza, sostener la soberanía nacional o prefiere ceder a las imposiciones y presupuestos de su ideología?
Hay un caradurismo impúdico y chocante en algunos de los protagonistas. Es el caso de Raúl Ricardo Alfonsín, abogado que fue de Santucho, que viene moviendo con poca discreción las piezas de su influencia - en el caso vía Nosiglia y Gil Lavedra - para obtener un indulto de hecho a favor de los homicidas de La Tablada, aquellos muchachos que no se sabe porqué tomaron ese regimiento de infantería en 1989, beneficio que se les otorga como si acá no hubiera pasado nada y nadie tuviera que ser castigado.
Al ex presidente le consta -no puede dejar de constarle - lo que entonces aconteció y porqué. Sin embargo está dispuesto a reivindicarlos liberándolos. Que no se trata de un sentimiento de humanidad el que inspira al ex presidente lo demuestra el hecho que ahora, ante el caso del secuestro ilegal que sufre un militar argentino en manos de los miméticos jueces europeos, con toda seriedad y severidad opinó que el gobierno –que es "su" gobierno- sólo y apenas debe aportar un apoyo consular, es decir una ligera e insustancial ayuda técnica y momentánea.-
Se olvida y quiere olvidarse que el mayor Olivera fue juzgado por un delito que habría sido cometido en territorio argentino, pero ya juzgado y resuelto según el ordenamiento legislativo argentino. Podemos llegar a comprender que un abogado que tan poco se lució en su ciencia ignore lo que tal situación significa jurídicamente pero no a un político que, por mediocre que sea, no puede desconocer que se está ante un avasallamiento grosero de la soberanía nacional. Pero tampoco se nos escapa que a un izquierdista de raza como lo es él, le importe nada o muy poco la soberanía nacional.
No es que creamos que Alfonsín se mueva según los preceptos más ortodoxos del marxismo - en atención a los cuales no importa la pertenencia a la nación sino a la clase - porque, posiblemente, nunca los haya leído - por lo que estamos ciertos que al jefe radical y enhebrador de la Alianza lo mueve una inspiración propia de la nueva izquierda, que junto con el hipercapitalismo es el sostén y la argamasa ideológica y cultural de la mundialización; fenómeno que no admite ni tolera ni comprende la existencia ni la legitimidad de las naciones como entes coordinados pero soberanos, convivientes pero no subordinados. La izquierda a la que pertenecen Alfonsín, sus maestros y seguidores exige la extinción de éstas y para ello se ha comenzando con el debilitamiento de los respectivos estados (soberanía económica) conjunta y paralelamente con la limitación de la competencia judicial (otra forma de la soberanía).-
No es de asombrar, en realidad, el comportamiento de personas como la nombrada y otra pequeña multitud hoy encaramada en puestos decisivos de la pirámide del poder, pero no deja de causar un efecto desagradable esta ambivalencia, esta contradicción flagrante y contemporánea frente a una misma realidad, el apoyo a la subversión y la condena de la represión manejándose por criterios ideológicos y no por los de justicia.-
Ni por los de la ley, según lo dejamos asentado arriba. El Estado argentino debe intervenir en el caso con urgencia y decisión no porque se trate de un militar sino de un ciudadano, de un connacional víctima de una encerrona llevada a cabo por una internacional - no siempre perceptible- de la izquierda que se vale de un denunciante acá, de un juez allá, de un canciller mudo y temblequeante más acá ... de un presidente simplemente cobarde.-
Hay que hacer del caso Olivera un caso de interés nacional, una cuestión de estado, incluso un "casus belli", un tema prioritario para nuestra diplomacia. Interesa no sólo porque el Estado argentino está obligado por naturaleza (¿sino para qué existe?) a proporcionarle protección a sus individuos sino porque ha de defender a la soberanía allí donde la misma sea ofendida, lesionada o desconocida.
Aceptar con tan plácida complacencia atropellos de este carácter y dimensión como lo hace el gobierno izquierdista de De la Rúa, equivale a una traición aunque sea por omisión. Sopesamos bien las palabras y creemos ajustarnos a su sentido más propio y técnico. Porque tanta y semejante pasividad no se compagina con la función histórica del Estado de asegurar la libertad de la patria y la dignidad de sus hijos preocupándose, por lo menos, de su seguridad jurídica ya que el actual gobierno no lo hace con respecto a su prosperidad .-
Tememos haber caído en el uso - hoy incomprensible para la mayoría de los oídos - de términos en desuso y casi carentes de sentido concreto. ¿La libertad de la patria?, ha sido olvidado el concepto, ¿dignidad de sus hijos?, otro concepto bastardeado por su mal uso y abuso. Hay que recuperarlos si es que deseamos seguir siendo nación argentina.-
De aquí la trascendencia que le damos al caso Olivera: por un lado puede ser el comienzo de un proceso mortal para el país, por el otro exhibe a la luz del día las debilidades de una coalición cada vez más frágil y el afianzamiento de una ideología que gusta de ceder ante la prepotencia extranjera siempre y cuando la misma se acomode a sus necesidades teóricas y prácticas.
Si el gobierno argentino no defiende activamente al ciudadano argentino Olivera pierde legitimidad y decencia y deja en claro que expone a la nación toda a los avances tramados desde el exterior y el interior. Hay una nueva Internacional a la vista, es la de la socialdemocracia con agentes locales, activos como Alfonsín y Diana Conti o pasivos como De la Rúa y Rodríguez Giavarini.-
V. E. O.
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